Editoriales


Editorial 198: No al Consorcio Participativo

La sociedad porteña debe estar nuevamente en estado de alerta y movilización ante un nuevo intento de avasallamiento a la Propiedad Horizontal impulsado por el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta.

Como ocurrió con la frustrada ley 5464 (aprobada y luego derogada por la misma legislatura porteña ante el rechazo de la sociedad).

Como también sucedió con el curso obligatorio del Seracarh y otorgado únicamente a dicha institución atada al gremio del Suterh, entre otras resoluciones.

Ahora, con bombos y platillos, anuncian como los porteños que viven en departamentos serán compulsivamente sujetos al portal denominado “Consorcio Participativo”.

· Legítima Participación Consorcial

El ámbito legal de participación e interacción de los propietarios es la Asamblea y si estuviera conformado el Consejo de Propietarios, según lo legisla el Código Civil y Comercial, no el Gobierno de la Ciudad.

· Costo de la plataforma

¿Cuál es el costo de la aplicación? Independientemente que digan que el acceso es gratuito, el mantenimiento de la plataforma, el soporte técnico, el tiempo físico de subir la información y documentación del Consorcio, la cual cabe destacar que es totalmente privada. ¿Quién hará frente a todos esos gastos? Irremediablemente, el consorcio y dicha  medida repercutirá en un aumento de expensas.

· Confidencialidad de la información

Aseguran que los datos estarán encriptados y son confidenciales. Además de las cuestiones propias del Consorcio, existen contratos entre particulares, como por ejemplo un contrato de locación, que generan un claro conflicto de intereses y atentan contra los derechos los propietarios. Quién garantizará la privacidad, si a la misma Afip se le filtra información netamente sensible?...

· Monopólico

Esta plataforma dejaría sin empleo a todas las personas que brindan servicios informáticos, de recaudación y de soporte a Consorcios, por ser obligatorio. El Consorcio no podrá contar con servicios de mayores prestaciones y mejor calidad sino que deberá limitarse a la plataforma.

¿Qué gana el Gobierno con esto? La respuesta es macabra pero sencilla, abrir un nuevo canal de comunicación con los porteños que los invada con propaganda política.

O como ocurre actualmente con el Registro Público de Administradores (RPA), cuya base es “entregada” en forma oscura a proveedores, cuyos servicios son ofrecidos a los administradores vía electrónica.

¿Qué gana el Banco Ciudad con esto? Realmente, no creo que les interese en lo más mínimo abrirle cuentas corrientes a los Consorcios, ni los $20.000.000 que dicen que costará inicialmente el proyecto. Evidentemente, les es necesario para contar con información de sus finanzas entre otros temas.

Hay varios bancos que ofrecen la cuenta corriente a los Consorcios bonificada por un año.

Corolario

Contamos con su ayuda en dar a conocer este proyecto de intromisión en la vida privada de los porteños que vivimos o nos desarrollamos en PH, difundamos y hagamos la diferencia.

No permitamos la intromisión del estado porteño, que además de meterse unilateralmente en nuestras vidas, nos obliga a los administradores a colisionar con los intereses de nuestros clientes, los consorcios, dado que sino, no podremos seguramente renovar nuestra matrícula.

Práctica utilizada reiteradamente en la actualidad por este poder.

Escribe: Lic. Matías A. Ruiz | Presidente de AIPH

 
Editorial 197: La Consolidación Política De Cambiemos Y La Propiedad Horizontal

El domingo 22 de octubre pudimos una vez más celebrar una elección de autoridades en democracia y en paz.

Desde nuestra Asociación, queremos felicitar a todos los ganadores y ponernos, una vez más, a disposición de todos los actores de la PH para poder generar políticas que profesionalicen a las administraciones y protejan los intereses de los consorcios.

Desde el 2007, con la asunción del Ing. Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la CABA, ha legislado mucho, en exceso, aunque no todas las medidas lograron el consenso político necesario para perdurar.

Algunas de ellas fueron profundizadas por el actual Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta.

En el medio, el cambio del Código Civil y Comercial dejó muchas leyes desactualizadas al menos.

Queríamos en este editorial resaltar tres conceptos que repitieron todos los oradores de las conferencias de prensa y relacionarlas con la PH:

Diálogo: en el caso de la PH el diálogo oficial es nulo.

Defensa al Consumidor no nos ha convocado cómo Asociación de Administradores a compartir ideas sobre cómo debería regularse y gobernarse la matrícula de los administradores, ni las sanciones a las malas gestiones, lo que nos obliga, por otra parte, a recurrir a acciones legales para proteger los derechos de los consorcios y administradores.

Reforma: hace mucho tiempo venimos solicitando una reforma de la ley 941 que se adecue a la realidad de los porteños y les dé soluciones a los problemas que se padecen.

Transparencia: nos cansamos de presentar reclamos por disposiciones de Defensa al Consumidor que no se entiende ni siquiera la razón de ser. Ejemplo, ¿a dónde van destinados los fondos de los aranceles cobrados por ascensores, instalaciones fijas contra incendios, instalaciones térmicas, etc?

Inclusive muchas de las resoluciones y/o normas resultan insuficientes, otras inútiles y asfixiantes para los consorcios.

O leyes invasivas, como fue la frustrada 5464, Seracarh y la novedosa “consorcio participativo”...

Les recordamos a las autoridades, que en esta materia tienen un asunto pendiente y una vez más les ofrecemos nuestra colaboración ya que estamos para trabajar en propuestas que den respuestas a estos conceptos.

Escribe: Lic. Matías A. Ruiz | Presidente de AIPH

 
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