Editoriales


Editorial 194: Nueva modalidad de trabajo: Constituir la Prueba

Existe, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, una “nueva verdad” que rige la vida de los porteños: no cargar más el costo político.

Ya sea por negligencia u omisión, por falta de prevención, o por cualquier otro motivo, este paradigma se ha instalado en nuestras mentes y predica que alguien debe ser el responsable ante cualquier conflicto que afecte a una persona o a un grupo social.

Constituir la prueba, esa es la cuestión…

Permítanme clarificar la idea con un simple ejemplo.

Se cae un entrepiso de un boliche y muere una persona.

El Gobierno argumentará, que no habían finalizado los trámites de habilitación y que no cumplían con la ley 257 que certifica la construcción edilicia.

El dueño del lugar diría, que el profesional no cumplió con sus obligaciones.

El profesional, que el sistema del Gobierno para habilitaciones no funciona.

La reacción en cadena es buscar un responsable que cargue todas las culpas, cuando el fallecido estaría viviendo normalmente si no hubieran armado un entrepiso precario. Esa  cadena podría seguir infinitamente hasta el punto de pensar que el culpable era el chico, por no mirar o no prestar atención.

Aclaremos que este ejemplo no es real y es al sólo efecto ilustrativo.

En la PH… tercerización de las responsabilidades

En la propiedad horizontal y ante las enormes obligaciones legales que caen en cabeza del administrador, conforme al Código Civil y Comercial, debió adaptarse o mutar a esta realidad implementando la modalidad de “constituir la prueba”.

Esto es, acumular inspecciones, informes, actas de asamblea o cualquier otro documento escrito, que pueda usar para demostrar que ha agotado todas las vías posibles para evitar cualquier siniestro que pueda afectar al Consorcio, sus ocupantes o bienes.

De esta corriente derivó la disposición de Defensa al Consumidor conocida como “Edificio Seguro”, que en mi opinión, es el control de un profesional del certificado que debió haber controlado el administrador según el control del profesional de alguna de las normativas que abarca.

Sería bueno ser más eficientes. Hacer las cosas una sola vez y bien, de manera de no duplicar o triplicar gastos y logrando la prevención de accidentes que eran perfectamente evitables, si estuviéramos más concentrados en lo que hay que hacer, antes que cómo probar que lo hice.

El gobierno porteño, se ha mostrado su propia incapacidad de controlar absolutamente nada y como mecánica de salvación en caso de siniestros, ha tercerizado todos los controles en PH pero con cargo al consorcio. Es síntesis, se ha lavado las manos e intentando caer parados.

Esto ha provocado más impactos en los costos consorciales porteños en los últimos 8 años.

Inexplicadamente, la comunidad consorcial ha hecho silencio a lo largo de estos años respecto a este tipo de prácticas costosas, inútiles y con la cabeza del representante legal, lo más sencillo, esperando a rodar…

Escribe: Lic. Matías A. Ruiz | Presidente de AIPH

 
Editorial 193: El Currito de las Calificaciones Deshonestas

Desde principios de los años noventa en adelante, la Propiedad Horizontal ha sufrido innumerable cantidad de cambios.

A partir de la sanción de la ley 13.512 en el año ’49; no ha habido cambios de fondo hasta la creación del derecho de PH incorporado en el nuevo Código Civil y Comercial.

En el ámbito de la CABA, aparecieron un sinfín número de leyes o normas que pretenden controlar o cuidar algún aspecto del edificio.

Cabe destacar que sólo una habla de prevención y capacitación (ley 1346 referida al plan de evacuación); el resto sirve únicamente para deslindar responsabilidades, quedando expuesta la incapacidad del propio estado como “administrador”, generando mayores costos innecesarios a los consorcios. Es más, en los cargos donde se toman decisiones al respecto hay “grandes inútiles de escritorio”.

Con la particularidad éstas normas, que de no cumplir con las mismas, el administrador no puede renovar su matrícula, quedando a merced de sus clientes sin el respaldo legal necesario y expuesto a sanciones o multas.

En consecuencia, el Señor Administrador ha dejado de ser el que era para convertirse en un agente de información de la CABA y de la AFIP, poco más que un burócrata, el verdugo de su propio cliente.

Estas tareas superan, en algunos casos, las 4 ó 5 jornadas de trabajo para el caso de representar 20 edificios.

Si a esto le sumamos, las descalificaciones públicas sufridas en los medios de comunicación como las del periodista Sr. Eduardo Feinmann y el profundo desconocimiento sobre PH del candidato Sr. Martín Lousteau, se puede ratificar una vez más, que la actividad profesional del Administrador de Consorcios se ha vuelto insalubre o al menos denigrante.

Creo que es hora de no generalizar o de no opinar a la ligera, interiorizarse más de la problemática, dar lugar a los que realmente saben del tema y hacer más. Las palabras del periodista son agraviantes y el desconocimiento del candidato es gravísimo, teniendo en cuenta el factor gravitante en la economía porteña de la PH.

No negamos que hay malas gestiones de administradores, muchas de ellas rozan la mala praxis, la negligencia y hasta el posible dolo, como cualquier otra profesión o actividad.

Pero sería interesante recordarles, a estos señores, que existen más de tres millones de argentinos viviendo en PH en el ámbito de la CABA, que están muy preocupados por el valor de sus expensas, ya que inciden sustancialmente en su presupuesto mensual y donde el administrador poco tiene que ver con el costo de las mismas.

Sólo ver como ejemplo, el costo de los servicios e impuestos, el combustible, la cantidad de normas obligatorias a cumplir, las paritarias de los encargados y de los vigiladores privados.

Y en especial, muy pocos periodistas y políticos, o tal vez casi ninguno, mencionan la injusta paritaria del sector. Todos se lavan las manos y se apuran a sacarse fotos con el dirigente gremial del Suterh. Sólo intervienen un puñado de administradores, como patronal, que nada tienen que hacer, dado que no se les ha otorgado poder alguno para que representen en ese acto a los consorcios. Este es uno de los temas con mayor incidencia en el costo de las expensas. De eso sí, no se habla.

Debemos dar un salto como sociedad y entender que hay Administraciones honorables que buscan el bienestar de la profesión y que esto sin duda traerá un beneficio para todos los actores que conviven con este régimen.

Pero nada ayuda, ni corrige la situación actual, con agravios gratuitos generalizados que podrían ser “SU gran currito” para lograr algún puntito más de rating. Y si tuviese el señor periodista, conocimientos de casos a denunciar, lo acompañaría gustosamente a la justicia.

Escribe: Lic. Matías A. Ruiz | Presidente de AIPH

 
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