Editoriales


Editorial 199: Consorcio Participativo. Diesel y Lágrimas

Consorcio Participativo es un proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el que quiere imponerse una plataforma web única y obligatoria para la gestión integral de los consorcios de propiedad horizontal.

De acuerdo al texto del proyecto las características centrales de la plataforma a desarrollarse son las siguientes:

· Única y obligatoria. Es decir, para TODOS los consorcios de la Ciudad.

· Abarcará la gestión contable y administrativa. Es decir:

· Detalle de cada gasto por rubro, marca, proveedor.

· Información de propietario, inquilino, habitante, estado de ocupación, etc.

· Posición financiera del consorcio en forma total y parcial de propietarios: fecha de pago de cada uno de los propietarios, montos de expensas, forma de pago, persona que paga, cómo se resguarda el dinero, etc.

· Abarcará la comunicación con entre propietarios y entre estos y el administrador. En la comunicación se plasma información específica del consorcio y se tratan problemas, opiniones, conflictos y amores. Todo.

· Concentrará la información de cada acta de asamblea y sus citaciones previas. La plataforma, por ejemplo:

· Estará nutrida con los temas tratados (privados y privadísimos), los temas votados y qué votó cada propietario.

· Sabrá con anticipación si en un edificio se quiere echar a un empleado o contratar a otro. Sabrá que votó cada uno.

· Conocerá las preocupaciones de cada propietario.

· Tendrá registro de las características de cada unidad y trabajos pendientes y realizados.

· Sabrá en qué estado está cada departamento y por ende su valor.

· Tendrá información sobre presuntas irregularidades edilicias.

· Conocerá cada contratista de la ciudad y el tamaño de cada mercado o rubro.

· Concentrará reclamos de propietarios.

· Conocerá opiniones minuto a minuto sobre cualquier aspecto de la propiedad.

· Crecerá sin límites en cuanto a la información que absorberá (la ley habla de “contenidos mínimos”).

En su ansiedad de convertir el proyecto en ley, el Poder Ejecutivo de la Ciudad niega lo evidente del proyecto: su OBLIGATORIEDAD.

En el discurso habla el Secretario Carrillo de que la aplicación será “obligatoria para los administradores pero opcional para los propietarios” obviando lo obvio: que el administrador actúa en representación legal del consorcio y obligarlo es obligar al consorcio.

Para ser más claros: imaginen que Gobierno obliga a que las petroleras solo vendan nafta pero le dice a la gente que tiene la libertad de comprar un auto diesel.

Si el proyecto se hace ley la propiedad horizontal podría seguir el siguiente derrotero (sepan disimular si entienden que es solo un ejercicio especulativo):

· Los administradores irán registrando sus consorcios y comenzando a utilizar la plataforma mediante palos y multas. Los administradores trabajarán el doble, el servicio empeorará y el Gobierno tendrá nuevos conflictos para solucionar.

· Por eso el Gobierno irá ampliando la plataforma agregándole paulatinamente distintos servicios.

· Encerrado el Consorcio entre el Banco Ciudad y las obligaciones crecientes, el Gobierno irá incorporando mecanismos semiautomáticos para contratar y pagar diferentes servicios. Se comenzará por impuestos y servicios y se seguirá con obligaciones de seguridad y más y más.

· Imaginen alertas de escritorio como “está próxima a vencer la limpieza de tanques, haga click para contratar una de las empresas habilitadas”.

· Con el tiempo se irán quitando los clicks porque quedarán predeterminadas las empresas.

· Y se irán ampliando servicios: artículos de limpieza, conservación de ascensores, matafuegos, señalización obligatoria.

· El Gobierno asegurará que todos los que estén en los servicios ofrecidos online sean empresas prolijas: todo en regla, guantes, trazabilidad de los materiales, plomeros bien vestidos. Después de todo es obligación del Estado cuidar a los consumidores, quién podría objetarlo?

· Será un formidable nuevo mercado para las empresas que logren entrar en esos registros y controlar la Big Data.

· Si el consorcio no tiene fondos el Banco Ciudad financia a tasa a determinarse. Habrá que compensar que se entregan cuentas sin costo de mantenimiento.

· Las expensas son el resultado de lo que el consorcio consume. A medida que se amplíen las decisiones automáticas las expensas irán formando sus valores en forma cada vez más automática.

· Además del mantenimiento “por ley”, están las reparaciones y mejoras. Los propietarios las van pidiendo por sistema y se va formando una agenda mucho mayor que lo que la gente puede pagar.

· Puede surgir un nuevo servicio con un click: el de los verificadores que dan el OK para que un trabajo tenga prioridad.

· Se promoverá el pago por débito automático de servicios y también de las expensas de los propietarios, de modo que si bien los mecanismos de participación estarán también será fácil no participar.

· Los administradores serán rankeados minuto a minuto y se promoverá la sustitución sin mucho trámite. Más allá de las mayorías para la remoción, el método de acosarlo también podría funcionar.

· Se juntarán todos los elementos para que la actividad de los administradores se concentre en unas pocas empresas.

· Podrá ser una del propio Gobierno, otra de las compañías de seguros o bancos, otra del sindicato (una vez que se amigue nuevamente con el GCBA), algunas extranjeras y algunas otras que puedan adaptarse.

· Los consorcios se dividirán entre los que “entren” en el circuito regulado con costos Suizos (y calidad dudosa) y los que queden afuera en una marginalidad impensada.

Si la nueva legislatura no advierte a tiempo la gravedad de las potenciales consecuencias la maquinaria se pondrá en marcha y no se frenará con lágrimas.

Escribe: Lic. Lisandro Cingolani

Asesor de la Comisión de Legal y Técnica de AIPH

 
Editorial 198: No al Consorcio Participativo

La sociedad porteña debe estar nuevamente en estado de alerta y movilización ante un nuevo intento de avasallamiento a la Propiedad Horizontal impulsado por el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta.

Como ocurrió con la frustrada ley 5464 (aprobada y luego derogada por la misma legislatura porteña ante el rechazo de la sociedad).

Como también sucedió con el curso obligatorio del Seracarh y otorgado únicamente a dicha institución atada al gremio del Suterh, entre otras resoluciones.

Ahora, con bombos y platillos, anuncian como los porteños que viven en departamentos serán compulsivamente sujetos al portal denominado “Consorcio Participativo”.

· Legítima Participación Consorcial

El ámbito legal de participación e interacción de los propietarios es la Asamblea y si estuviera conformado el Consejo de Propietarios, según lo legisla el Código Civil y Comercial, no el Gobierno de la Ciudad.

· Costo de la plataforma

¿Cuál es el costo de la aplicación? Independientemente que digan que el acceso es gratuito, el mantenimiento de la plataforma, el soporte técnico, el tiempo físico de subir la información y documentación del Consorcio, la cual cabe destacar que es totalmente privada. ¿Quién hará frente a todos esos gastos? Irremediablemente, el consorcio y dicha  medida repercutirá en un aumento de expensas.

· Confidencialidad de la información

Aseguran que los datos estarán encriptados y son confidenciales. Además de las cuestiones propias del Consorcio, existen contratos entre particulares, como por ejemplo un contrato de locación, que generan un claro conflicto de intereses y atentan contra los derechos los propietarios. Quién garantizará la privacidad, si a la misma Afip se le filtra información netamente sensible?...

· Monopólico

Esta plataforma dejaría sin empleo a todas las personas que brindan servicios informáticos, de recaudación y de soporte a Consorcios, por ser obligatorio. El Consorcio no podrá contar con servicios de mayores prestaciones y mejor calidad sino que deberá limitarse a la plataforma.

¿Qué gana el Gobierno con esto? La respuesta es macabra pero sencilla, abrir un nuevo canal de comunicación con los porteños que los invada con propaganda política.

O como ocurre actualmente con el Registro Público de Administradores (RPA), cuya base es “entregada” en forma oscura a proveedores, cuyos servicios son ofrecidos a los administradores vía electrónica.

¿Qué gana el Banco Ciudad con esto? Realmente, no creo que les interese en lo más mínimo abrirle cuentas corrientes a los Consorcios, ni los $20.000.000 que dicen que costará inicialmente el proyecto. Evidentemente, les es necesario para contar con información de sus finanzas entre otros temas.

Hay varios bancos que ofrecen la cuenta corriente a los Consorcios bonificada por un año.

Corolario

Contamos con su ayuda en dar a conocer este proyecto de intromisión en la vida privada de los porteños que vivimos o nos desarrollamos en PH, difundamos y hagamos la diferencia.

No permitamos la intromisión del estado porteño, que además de meterse unilateralmente en nuestras vidas, nos obliga a los administradores a colisionar con los intereses de nuestros clientes, los consorcios, dado que sino, no podremos seguramente renovar nuestra matrícula.

Práctica utilizada reiteradamente en la actualidad por este poder.

Escribe: Lic. Matías A. Ruiz | Presidente de AIPH

 
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