Horas extras suprimidas afecta ius variandi

 

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V

Expte. Nº CNT 7621/2013/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA.80886

AUTOS: “ EPO C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA CALLE AYACUCHO XXXX S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS ” (JUZGADO Nº 33)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de octubre de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I - Contra la sentencia de la instancia anterior (v. fs. 312/320), que rechazó la acción, se alza la parte actora en los términos del memorial que luce a fs. 321/323 y que mereciera réplica de la contraria a fs. 328/330. Asimismo, la parte demandada apela la imposición de costas (vs. 324/325) y la perito contadora apela los honorarios regulados a su favor (fs. 326).

II - La parte actora cuestiona la decisión de grado que desestimó el reclamo inicial y las argumentaciones defensivas de la recurrente giran, básicamente, respecto a la facultad del empleador de poder reducir o suprimir las horas suplementarias que el trabajador siempre cumplió.

En consecuencia, lo que se debe analizar es la juridicidad de la decisión del empleador de suprimir o reducir las horas extras que realizaba el actor en forma habitual desde su ingreso.

En el presente caso, no se encuentra en discusión que el actor realizó labores más allá de la jornada legal máxima. De conformidad a lo normado por el art. 218 inc. 4 del Código de Comercio, de aplicación supletoria por tratarse de norma análoga (conf. art. 16 del Código Civil), y responder al principio de la sana crítica (arts. 165 inc. 5 y 386 del CPCCN): “Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato”. Por tanto admitido que, de modo pacífico e ininterrumpido, el actor prestó tareas en horas extraordinarias debe presumirse que ello formaba parte de la intención de las partes al contratar.

Resulta erróneo afirmar que es una facultad del empleador otorgar horas extras, toda vez que la facultad está del lado del trabajador que, por imperio de las normas relativas a la limitación de jornada, puede decidir libremente no realizar horas extras sin incurrir en antijuridicidad.

En la medida que las normas de limitación de jornada son normas de orden público de protección, ellas sólo actúan imperativamente sobre las estipulaciones contractuales a favor del sujeto protegido. Por tanto, si la prestación de tareas en horario extraordinario formó parte del sinalagma contractual, la empleadora no puede pretender desobligarse del vínculo libremente asumido sin incurrir en antijuridicidad por incumplimiento del contrato.

Adviértase que tampoco comparto el criterio del actor que adjudica inamovilidad a las horas extras por ser tales. Lo que determina el progreso de la acción en el caso es que el desarrollo de estas tareas en horario extraordinario signó la relación laboral desde el origen, sin que dependiera de circunstancias aleatorias o excepcionales. Esta conducta inequívoca de las partes permite aseverar que la prestación de servicios en horas extraordinarias formaba parte de los contenidos del contrato del que las partes sólo pueden liberarse por efecto de una modificación contractual.

Uno de los temas que más interés ha concitado en la doctrina y jurisprudencia es el de la modificación del contrato de trabajo en un sentido perjudicial al trabajador sin afectar los mínimos imperativos. Si se trata de negocios jurídicos modificatorios, el ámbito de análisis no es el de la renunciabilidad sino el de las condiciones que permiten la creación de un negocio jurídico (unilateral o bilateral) válido.

En tal sentido, la modificación de las condiciones de trabajo dispuestas unilateralmente por el empleador deben ajustarse a los límites impuestos junto a la concesión de facultades jurígenas dispuesta por el legislador a favor del empleador.

El artículo 66 de la L.C.T. establece: “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”. La imposibilidad de alterar modalidades esenciales del contrato afecta desde su origen la posibilidad de que el empleador, por acto unilateral, decida modificar los elementos esenciales de la contratación, entre los cuáles se encuentra la categoría y la remuneración que, como hemos visto, constituyen el núcleo del objeto del contrato de trabajo.

La modificación de las cláusulas remuneratorias o de las condiciones esenciales de la prestación del servicio son ajenas a las condiciones en que el legislador otorgó al empleador condiciones excepcionales respecto del régimen común de los contratos. En consecuencia, el negocio jurídico unilateral carece de legitimidad por ilicitud del objeto.

Cuando se pretende dar relevancia a un negocio jurídico (como lo es el ejercicio de las facultades de organización del empleador), el análisis debe radicar en la validez del acto, en el reconocimiento que acuerda la ley para crear, modificar o extinguir obligaciones. Si la ley no reconoce efectos jurídicos a un negocio cuyo objeto se encuentra fuera del comercio por ser ilícito, no puede el trabajador consentirlo.

Los actos jurídicos unilaterales (como lo son las facultades exorbitantes del empleador) están destinados a crear efectos jurídicos. Si el ejercicio es legítimo (su objeto es lícito), ningún consentimiento del sujeto a la potestad es necesario; si el ejercicio es ilegítimo (su objeto es ilícito), no puede el sujeto dar validez a lo que la propia ley priva de valor jurídico.

Lo que está en juego es la validez misma del acto jurídico que modifica los contenidos obligacionales. Las obligaciones vigentes van a ser consecuencia de la solución de este interrogante. Si lo que está en juego es el ejercicio del jus variandi, las obligaciones vigentes penden del análisis de la validez de este negocio jurídico.

Pareciera que en toda esta discusión se hubiera olvidado que el artículo 944 del Código Civil establecía: “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”. Es decir, el ejercicio del jus variandi es un acto jurídico.

El artículo 946 del Código Civil disponía: “Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más personas”. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un acto jurídico unilateral.

El artículo 953 del mismo ordenamiento rezaba: “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición son nulos como si no tuvieran objeto”.

En otras palabras, o el objeto del acto jurídico está prohibido por las leyes o no lo está. Si lo está es nulo “como si no tuviera objeto”. Si estamos ante el ejercicio abusivo del jus variandi, estamos ante un acto jurídico unilateral nulo que carece de virtualidad para modificar o extinguir obligaciones. Distinta es la situación si el acto jurídico que tiene por fin inmediato modificar obligaciones es un acto jurídico bilateral. En este caso, si ese ejercicio tiene por objeto modificar la categoría o la remuneración, recién puede analizarse la continuidad del equilibrio sinalagmático desde el instituto de la lesión subjetiva.

Desde ya, la modificación por voluntad unilateral del empleador de aspectos esenciales del contrato exorbita las facultades conferidas por el legislador en los términos del art. 66 de la L.C.T. pues a éste le está vedado modificar, so color de ejercicio del poder de organización, las condiciones esenciales de la contratación entre las que se encuentran la categoría laboral y la remuneración. Cuando se analizan los poderes empresarios, en tanto delegación del legislador, la invalidez del ejercicio determina la nulidad absoluta de la modificación. En tal sentido, si la modificación es inválida al trabajador le son debidos los salarios en los términos del art. 260 de la L.C.T. pues no existe causa válida para desobligarse.

Frente a estas limitaciones del poder de modificación empresario carece de validez jurídica la aceptación del cambio (que no podía ser válidamente dispuesta por acto unilateral) y la renuncia de derechos del trabajador.

En consecuencia, la demanda debe prosperar en todas sus partes por la reincorporación al actor de las horas extras suprimidas bajo apercibimiento de astreintes (arts. 804 del Cód. Civil y Comercial y 37 del CPCCN) y abonar la suma de $ 103.063,72 conforme los cálculos de la perito contadora a fs. 151 vta./153 con más intereses desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, calculados en base a la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses, conf. Actas CNAT 2600, 2601 y 2630

III - Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

En virtud de que en materia laboral no debe seguirse un criterio meramente aritmético sino jurídico, y conforme los términos en que fue trabado y resuelto el litigio, sugiero imponer las costas de la acción deducida, en ambas instancias, a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 CPCCN).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora (que incluye la actuación en el SECLO), de la demandada y los de la perito contadora en el 16%, 13% y 6%, respectivamente, a calcular sobre el capital de condena más intereses.

IV - Sugiero regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada por la parte actora y demandada en el 25% de lo que les corresponda percibir, respectivamente, a cada una de las representaciones letradas por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO AYACUCHO XXXX DE CAPITAL FEDERAL a restituir las horas extras suprimidas a POE bajo apercibimiento de astreintes y a abonar la suma de PESOS CIENTO TRES MIL SESENTA Y TRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 103.063,72) con más los intereses dispuestos en el considerando II del primer voto; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; 3) Costas y honorarios conforme lo propuesto en los puntos III y IV del mencionado primer voto; 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas CSJN 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MLF

Graciela Elena Marino Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara